Aliaga: "Tomamos nota de la actitud de las eléctricas tras el decreto del carbón"
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Aliaga: "Tomamos nota de la actitud de las eléctricas tras el decreto del carbón"
Los gobiernos de Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha unieron ayer sus voces en Valladolid para mostrar su apoyo al Ejecutivo central en la defensa del real decreto que prima el consumo de carbón autóctono y para avisar a las compañías eléctricas de que les tienen enfrente. El consejero de Industria de la DGA y representantes de las otras cuatro autonomías implicadas y de las patronales mineras de España y Alemania firmaron un manifiesto de respaldo al actual sistema de ayudas y además lanzaron serias advertencias a las eléctricas. "Tomamos nota de su actitud", llegó a afirmar Arturo Aliaga.
El documento pide, entre otras cuestiones, que la nueva regulación comunitaria sobre ayudas específicas al carbón no las condicione al cierre de las minas deficitarias en 2014, sino que contribuya a su funcionamiento a medio y largo plazo teniendo en cuenta su repercusión social. También considera imprescindible mantener el actual reglamento europeo hasta que se logre el consenso para cambiarlo.
La firma del manifiesto no fue ajena a los recursos judiciales planteados contra el real decreto que prima el consumo de carbón autóctono, que han prosperado a nivel europeo y nacional con la paralización cautelar de la medida. Tanto el consejero de Industria aragonés como el resto de responsables autonómicos lanzaron serios avisos a las eléctricas.
"Sería injusto que no se tenga una especial sensibilidad con el sector de la minería del carbón, ya que fue clave para el desarrollo económico de España en décadas anteriores -advirtió Aliaga-. Nos vamos a emplear a fondo para defender el futuro del sector porque es estratégico, y tomamos nota de la actitud de las eléctricas tras el real decreto". El consejero aragonés recordó, con evidente intención, que las eléctricas tienen intereses en todas las comunidades afectadas por sus recursos y que utilizan ayudas públicas para crecer.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, calificó los recursos como "un acto hostil" que las comunidades no van a olvidar. "Frente al grupo de presión de las eléctricas, aquí está el grupo de presión de los ciudadanos y de los trabajadores", comentó por su parte el representante de Castilla-La Mancha, el consejero Julián Sánchez.
Nuevo revés judicial
Precisamente ayer, la Audiencia Nacional decidió mantener la suspensión de la obligación de las eléctricas de presentar cartas con compromisos de compra de carbón nacional hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la suspensión del decreto.
Fuente: Heraldo de Aragon.
Saludos.
El documento pide, entre otras cuestiones, que la nueva regulación comunitaria sobre ayudas específicas al carbón no las condicione al cierre de las minas deficitarias en 2014, sino que contribuya a su funcionamiento a medio y largo plazo teniendo en cuenta su repercusión social. También considera imprescindible mantener el actual reglamento europeo hasta que se logre el consenso para cambiarlo.
La firma del manifiesto no fue ajena a los recursos judiciales planteados contra el real decreto que prima el consumo de carbón autóctono, que han prosperado a nivel europeo y nacional con la paralización cautelar de la medida. Tanto el consejero de Industria aragonés como el resto de responsables autonómicos lanzaron serios avisos a las eléctricas.
"Sería injusto que no se tenga una especial sensibilidad con el sector de la minería del carbón, ya que fue clave para el desarrollo económico de España en décadas anteriores -advirtió Aliaga-. Nos vamos a emplear a fondo para defender el futuro del sector porque es estratégico, y tomamos nota de la actitud de las eléctricas tras el real decreto". El consejero aragonés recordó, con evidente intención, que las eléctricas tienen intereses en todas las comunidades afectadas por sus recursos y que utilizan ayudas públicas para crecer.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, calificó los recursos como "un acto hostil" que las comunidades no van a olvidar. "Frente al grupo de presión de las eléctricas, aquí está el grupo de presión de los ciudadanos y de los trabajadores", comentó por su parte el representante de Castilla-La Mancha, el consejero Julián Sánchez.
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