Días contados para el carbón nacional

La Comisión Europea puso ayer fecha al cierre de las minas deficitarias, al remitir al Consejo de Europa para su aprobación una propuesta de Reglamento que supedita las ayudas corrientes, o de funcionamiento, a planes de cierre definitivos de las minas antes del 15 de octubre de 2015.

Se exige, asimismo, un marcado perfil de reducción de las subvenciones (al menos un 33% cada 15 meses) y la adopción de medidas complementarias para paliar los efectos medioambientales negativos de esta actividad.

Se trata de una decisión valiente, fruto de un intenso debate interno, que acorta en cuatro años el plazo solicitado inicialmente por Alemania para completar su ajuste. No cabe esperar que el Consejo modifique apreciablemente este calendario, ante la escasa simpatía que despierta la financiación de una actividad ruinosa y con tan elevados costes externos medioambientales.

Empieza pues la cuenta atrás para el carbón nacional, tras décadas de
despilfarro de recursos y una elevada factura para el bolsillo de los contribuyentes. Los sucesivos balones de oxígeno proporcionados por el Gobierno, desde la estrambótica imposición de compras obligatorias de excedentes al agente público Hunosa, hasta el mecanismo de preferencia en el suministro de electricidad, tendrán así afortunadamente un corto recorrido, a menos que se consiga que una parte más o menos significativa de la producción pueda sobrevivir sin subvenciones.

En cualquier caso, ahora que se ha roto la expectativa de contar para siempre con los presupuestos del Estado como seguro medio de existencia, resulta urgente recobrar la competitividad perdida y el pulso económico de unas comarcas mineras incapaces de atraer inversiones alternativas ante las artificiales condiciones laborales imperantes.

Los quebraderos de cabeza presupuestarios no acabarán con el cierre de las minas. La propuesta de reglamento permitirá financiar sin plazo los onerosos proceso de prejubilación, las actuaciones formativas para favorecer un improbable reciclaje profesional de los trabajadores y toda la variada gama de tareas de rehabilitación medioambiental y acondicionamiento de las instalaciones clausuradas.

La asunción de pasivos laborales y el arsenal de tareas improductivas promete otorgar margen para malgastar los fondos públicos, a poco que se ceda a las exigencias sindicales. Está por ver si se resiste el pulso y se adopta la única medida eficaz para paliar el horizonte de gasto inútil: limitar la contratación de nuevos trabajadores, a los que habría que dar una costosa salida en el futuro.

Fuente Expansion

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