La Eurocámara reclama mantener las ayudas al carbón hasta 2018

El Parlamento Europeo ha pedido prolongar las ayudas públicas a las minas de carbón no competitivas hasta el 31 de diciembre de 2018, cuatro años más de los propuestos por la Comisión Europea.

Los diputados de la Eurocámara coincidieron con la Comisión en que las ayudas deben seguir una tendencia descendente en los próximos años, pero no mencionan un porcentaje específico, a diferencia de la Comisión, que propuso una reducción del 33% sobre un periodo de 15 meses. El informe, de carácter consultivo, fue aprobado con 465 votos a favor, 159 en contra y 39 abstenciones, aunque la decisión final corresponde a los gobiernos de los veintisiete. Los subsidios a las explotaciones deficitarias se concentran principalmente en España, Alemania y Rumanía.

Según los primeros contactos en el Consejo de la UE, ese es el plazo que defiende también una mayoría de Estados miembros, que necesitan de la unanimidad para modificar la fecha de 2014 planteada por el Ejecutivo comunitario.

El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, se ha comprometido a "escuchar con mucha atención" las posturas del Consejo y del Parlamento, aunque ha lamentado que el vigente reglamento sobre el carbón no haya conseguido orientar las minas hacia la rentabilidad y a su vez éstas no hayan sido cerradas. "La Comisión no comparte los argumentos en favor de ayudas ilimitadas al carbón no competitivo", ha señalado, y ha reiterado que "el cierre debe ser gradual" y que no debe producirse al final del plazo. "Ese carácter gradual debe ser recogido en el plan de cierre y debe incluir ayudas regresivas que apunten hacia la supresión de las ayudas", ha concluido.

El actual reglamento expira el próximo 31 de diciembre, por lo que el objetivo de la UE es sacar adelante el nuevo antes de fin de año para que las subvenciones no deban suspenderse.

El pleno aprobó también una enmienda del grupo Verde para exigir que las empresas mineras abonen los gastos de reparación de los daños causados al medio ambiente, cumpliendo con el principio de "quien contamina paga".

El informe del Parlamento Europeo destaca que el cierre de las minas deficitarias en los términos planteados por la CE obligaría a corto plazo a algunos países "a hacer frente a graves consecuencias sociales y regionales".
Ese argumento y el de la necesidad de garantizar un suministro energético europeo fueron los más utilizados por los defensores de prorrogar las ayudas durante el debate celebrado inmediatamente antes de la votación

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