Las Cortes apoyan dos mociones para el desarrollo de Teruel

Las Cortes de Aragón aprobaron en la sesión plenaria de ayer dos mociones que respaldan la llegada de inversiones a la provincia de Teruel. Se trata de dos peticiones al Gobierno central de mantener las partidas del Fondo de Inversiones de Teruel. La moción fue presentada por el grupo parlamentario socialista con el objetivo de instar a la firma del convenio de colaboración que garantice el Fondo de Inversiones para Teruel hasta 2016 sin disminuir el compromiso presupuestario. En 2011, la aportación fue de 60 millones de euros, aportados al 50% entre el Estado y la DGA. Pero María Herrero (PAR) fue más allá, y no quiso cerrar la puerta durante su intervención a que las partidas pudieran crecer en el futuro.

Esa matización, concretada en una enmienda aragonesista, fue finalmente aceptada por el ponente socialista Javier Velasco.

El propio Velasco definió el FITE como «una herramienta básica que ha funcionado muy bien». A su vez, Herrero destacó esos fondos como elemento «vertebrador y fijador de población en el territorio».

La moción contó con el voto favorable por unanimidad de todos los grupos. Así, Luis Ángel Romero (IU) explicó que «esos fondos son una esperanza para Teruel y gracias a ellos tenemos mejores infraestructuras y más apoyo a los sectores turísticos, agroganaderos e industriales».
A su vez, José Luis Soro (CHA) mostró su preocupación por las palabras de Mariano Rajoy en el Congreso. El presidente indicó que el Fondo de Inversiones de Teruel «está condicionado a las actuales circunstancias de restricción económica y de interinidad de los Presupuestos Generales del Estado». El diputado nacional Chesús Yuste (CHA), encargado de preguntar a Rajoy por esa cuestión, interpreta esa palabras como que el FITE queda «en el aire».

Esa respuesta choca con las palabras de Luisa Fernanda Rudi, quien el miércoles apuntó que el convenio entre DGA y Estado se firmará «en poco tiempo». Posiblemente, en una semana. Así, Soro mostró una seria preocupación ante el pleno aragonés.

Miguel Navarro (PP) explicó que «lo lógico sería que el PSOE retirara esta moción porque es reiterativa». Se refería a la votación favorable por otra moción similar presentada hace dos semanas.

Un pacto por Teruel
Asimismo, la cámara instó al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno central para formalizar, en el marco de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, «un gran pacto por Teruel» que incluya el mantenimiento de todas las inversiones incluidas en el Fondo de Inversiones de Teruel, el Plan MINER o el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, así como las infraestructuras estratégicas para las comarcas de la provincia de Teruel, especialmente las carreteras y ferroviarias.

Se trataba de una moción presentada por el PAR y defendida por Joaquín Peribáñez. «Para consolidar los compromisos inversores del Estado con Teruel es imprescindible que se aborden de una forma global, completa y rigurosa, que blinde a Teruel de cualquier decisión unilateral por parte del Gobierno central».

Luis Ángel Romero (IU) lamentó que, a su entender, la comisión Bilateral «haya resuelto pocas cosas». Además, acusó al PAR de querer erigirse en «el salvador de Teruel» a través de esta moción, y se preguntó si no cabía tachar a los aragonesistas de cómplices de que la administración «haya fallado a la provincia».

Carlos Tomás (PSOE) incidió en la idea de que en los últimos meses la provincia turolense «no haya hecho más que recibir mazazos», y defendió que es necesario «buscar soluciones para Teruel».

Mientras, José Luis Soro (CHA) apuntó que «siempre votaremos a favor del futuro de Teruel». Por último, Ana Martín (PP) incidió en la misma idea, y puso como ejemplo las ampliaciones presupuestarias del FITE en 1997 y 2002, bajo gobiernos de José María Aznar.

Contrato con Dorna
El grupo parlamentario de Chunta Aragonesista mostró también su alegría al recibir el informe jurídico de las Cortes sobre el contrato entre la Ciudad del Motor y Dorna Sports para que Motorland acoja el GP de Aragón. Según la documentación aportada «los diputados tienen derecho a recabar información del Gobierno para controlar su acción». Además, «el contrato suscrito es un contrato del sector público (...) En ningún caso cabe aplicar confidencialidad a la oferta económica». En esa línea, esa cláusula «no puede oponerse al derecho de un diputado a obtener información».

Fuente - La Comarca


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