Los sindicatos ven oportuno recurrir el Reglamento ante la crisis nuclear

Los agentes sociales y políticos de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos han defendido esta semana la importancia de reivindicar en la UE la prolongación de los apoyos al carbón, recordando que el mineral autóctono supone una reserva estratégica de futuro para el territorio nacional, desde el punto de vista energético, y más tras el debate energético surgido por la crisis nuclear en Japón.

La apreciación llegó después de que se confirmara que los gobiernos regionales de Aragón, Asturias y Castilla-León presentaron el lunes una demanda conjunta ante el Tribunal General de la UE contra el vigente Reglamento comunitario de ayudas a la minería del carbón, que vincula las ayudas hacia las minas, al cierre de las propias explotaciones, y que fue aprobado en diciembre de 2010.

Desde CC OO recalcaron que el carbón es el único recurso natural energético en España, y aún más actualmente, teniendo en cuenta el precio del petróleo y el debate en torno a la energía nuclear. «La reivindicación es acertada porque la situación internacional en torno a la energía puede hacer comprender a la UE que el carbón es una fuente que nos ofrece estabilidad», explicó la secretaria comarcal, María Ángeles Manzano. «Deben entender que las ayudas tienen que ser fijas; es decir, que no deben tener fecha para su fin», añadió.

En la misma línea se mostró el alcalde de Andorra, Luis Ángel Romero. «Nunca estuvimos de acuerdo en que el Gobierno cediera al reducir las ayudas del año 2022 al 2018; en cualquier caso, defendemos que deben ser sin condición de cierre», concluyó. «Desde IU, también hemos presentado en las Cortes una iniciativa para que se negocie un plan energético del carbón como reserva estratégica; queremos que se eleve al Gobierno Central y a la Unión Europea», añadió.

En UGT se mostraron también favorables. «Si queremos reindustrializar la zona, la postura de la UE no se entendía con este Reglamento, ya que es un contrasentido vincular las ayudas al cierre», dijo el secretario comarcal, Aurelio Rodrigo.

Objetivo: cambiar los términos
La Junta de Castilla y León fue la única administración que explicó la medida adoptada tras su presentación en los tribunales europeos, a través de una nota. «El objetivo es defender la producción del carbón nacional más allá de 2018». Los tres gobiernos reclaman en su demanda la supresión de los artículos del Reglamento que obligan a la empresas mineras a cerrar en 2018 ó a devolver las ayudas europeas si deciden seguir su actividad más allá de ese año.

También exigen que se anule la obligatoriedad de reducir ayudas para los países comunitarios, de una forma progresiva. Estaban previstas, en un 25% en 2013; en un 40% en 2015; en un 60 %, en 2016; y el 75 %, en 2017. Los ejecutivos piden ahora que la reducción se deje a la elección de cada Estado miembro, «de acuerdo con el grado de reestructuración de su minería».

La demanda fue presentada ante el Tribunal Europeo por parte de las tres referidas comunidades con explotaciones mineras en activo, y de forma independiente a la patronal minera, Carbunión.



Fuente-La Comarca

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