Rudi y Aliaga intentan negociar la eliminación de los planes Miner

Ha pasado una semana desde que el Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy aprobarA, entre su paquete de recortes, la «eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón» y, a pesar de la presión de sindicatos, empresarios y partidos políticos, todavía no se ha detallado el alcance de la medida. Las ayudas en infraestructuras en las zonas mineras aragonesas (Teruel y Mequinenza) rondarían los 12 millones de euros.


Las últimas reacciones han llegado desde el Gobierno de Aragón. Desde la institución, aseguraron el miércoles que la presidenta de la DGA, Luisa Fernanda Rudi, había mantenido una conversación telefónica el martes con el Ministro de Industria, José Manuel Soria, para «trasladarle la preocupación de la Comunidad por los ajustes en los planes Miner». Al parecer, el titular del ministerio se comprometió a hablar de estos planes para buscar una solución. El ministro explicó que la primera decisión parte del Ministerio de Hacienda pero que corresponderá después a cada departamento determinar los recortes de forma concreta.
Por su parte, también el nuevo Consejero de Industria de la DGA, Arturo Aliaga, manifestó esta semana que su intención es reunirse con el Secretario de estado de Energía para analizar la situación creada: «Me gustaría saber si, por lo menos, es una medida temporal de 2012 o definitiva», indicó. Para el aragonesista el carbón es una reserva estratégica y hay que tener en cuenta la «generosidad» de las cuencas mineras turolenses durante los últimos 50 años: «Las comarcas mineras de Aragón han mandado miles de kilovatios hora allá donde no ha habido generación eléctrica para crear empleos de calidad y eso tiene que tener una compensación», argumentó.
Menos halagüeñas fueron las declaraciones de la presidenta de la Diputación de Teruel. Carmen Pobo justificó la eliminación de los Planes Miner en 2012: «Esto es una herencia. Es un Gobierno que lleva una semana y la culpa no es nuestra. Las medidas hay que tomarlas. Mejor será tomarlas en este momento para que al año que viene podamos tener el doble », indicó. Además, también arremetió contra sindicatos y oposición: «Yo tengo confianza en el gobierno y en las medidas que toma. Ahora es muy fácil decir que esto es una puñalada, que estamos muy enfadados y que es el cierre de la provincia. ¿Y hasta ahora, no ha habido nada que salir a criticar?», señaló.

Preocupación generalizada
Sindicatos, oposición y, sobre todo, municipios afectados por el recorte continúan preocupados por el discurrir de los hechos y siguen dispuestos a llevar a cabo movilizaciones en caso de que el Gobierno no de «marcha atrás» con respecto a la decisión de eliminar de los presupuestos la partida destinada a infraestructuras del Plan Miner.
FITAG-UGT y la Federación de Industria de CCOO enviaron una carta el miércoles al secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, en el que solicitan «una explicación» sobre la medida tomada en el Consejo de Ministros. El secretario de Organización de FIA-UGT Aragón y miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, Manuel Royo Ramos, se mostró cauto: «A fecha de hoy no han salido publicados los recortes en el BOE, ni estaban incluidos en el Decreto del Consejo de Ministros, por lo tanto desconocemos el alcance de la medida y es precipitado hacer valoraciones», manifestó.
Los primeros ediles de las localidades afectadas, también viven momentos de incertidumbre y preocupación. Es el caso del alcalde de Alloza, Manuel Royo Blasco, que espera «nervioso» que se concrete el desarrollo de la medida: «Del Miner depende el futuro de Alloza y de los pueblos de alrededor. Son infraestructuras que van a crear empleo y permitir que los pueblos salgan adelante. Al final van a conseguir que, poco a poco, tengamos que dejar la provincia vacía», apuntó. En Alloza, se está esperando que llegue una partida de 1,2 millones de euros de los Planes Miner para comenzar a construir una macro residencia de más de 100 plazas. «Tienen que tener en cuenta que el ayuntamiento ya ha hecho una inversión muy fuerte para poder expropiar los terrenos ya que, si el consistorio no era dueño del suelo no se podía solicitar la ayuda», aclaró. Royo confía en que la medida no afecte a las cantidades ya comprometidas como es el caso de la residencia. Así las cosas, el ayuntamiento allozino esperaba acometer con el Miner de 2012 la segunda fase del polígono industrial. En la misma situación que la residencia se encuentra el balneario de Ariño o la musealización del Pozo de San Juan y la rehabilitación del Hostal San Macario de Andorra.
Por otra parte, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, han expresado su descontento con las decisiones tomadas por el Consejo de Ministros. «La supresión de los Miner es la ruina para buena parte de la provincia de Teruel y supone una estocada de muerte a las cuencas mineras. Se trata de una inversión pública que es necesaria para generar ingresos, empleo y actividad económica en la zona», expresó la portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez.
Izquierda Unida, por su parte ya ha presentado una Proposición No de Ley en las Cortes de Aragón que insta al Gobierno a «alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Estado para recuperar la financiación de las infraestructuras aprobadas en compensación del cese de actividad de la minería del carbón».
Por otra parte, Chesus Yuste, diputado de CHA y La Izquierda de Aragón en el Congreso, exigirá la comparecencia del nuevo Ministro de Industria, José Manuel Soria. «La reactivación industrial de nuestras comarcas, la necesaria reindustrialización de las cuencas mineras de carbón, el abandono de la energía nuclear y el impulso a las energías renovables son algunas de las cuestiones prioritarias que pondremos encima de la mesa», explicó Yuste, que será portavoz en las Comisiones de Industria, Energía y Turismo y Cultura. del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural.

Fondo Especial de Teruel
Ante la alarma generada tras la eliminación de los fondos destinados al Plan Miner, los agentes turolenses temen que ocurra los mismo con la renovación del Fondo de Inversiones de Teruel, que supone una cantidad de 60 millones de euros anuales para la provincia, cofinanciados por el Gobierno Central y el Ejecutivo Autonómico.
Al respecto, el diputado popular por Teruel, Santiago Lanzuela aseguró estar convencido de que el fondo se reeditará en cantidades similares al último plan. Cabe recordar que el convenio para que la partida destinada al fondo se prolongue los próximos cinco años debe firmarse en 2012.

Fuente - La Comarca


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